Esta ley -que es parte fundamental del mejoramiento de la calidad de la educación y complemento de la LGE promulgada el año pasado- crea dos organismos que ya hemos citado muchas veces en estos comentarios: la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación, los pilares del futuro aseguramiento de la calidad de la educación chilena.
Pero, ¿la comunidad escolar está preparada para ellas? Nuestra impresión es negativa y así lo confirma un estudio de importantes académicos y especialistas de la Universidad Católica de Chile. El Centro de Políticas Públicas de esa casa de estudios elaboró un documento -que puede bajarse haciendo clic aquí- que analiza críticamente la nueva institucionalidad que supone la LGE, la Agencia y la Superintendencia y ponen en alerta a la comunidad escolar sobre los obstáculos que tendrán que superar para cumplir con los objetivos de mejorar la calidad de la educación.
Sin entrar a analizar todo el documento, es imortante señalar que estos académicos perciben como crítico el déficit de personal capacitado para alcanzar los estándares de calidad que se exigirán y que la nueva normativa asuma que las escuelas y sus sostenedores -especialmente las públicas- tengan las capacidades para usar adecuadamente la información que genera el nuevo sistema, y así poder lograr poner el foco en el mejoramiento de la calidad.
Sugieren que quizás lo más sensato sea poner en marcha el sistema en forma escalonada, al igual que la reforma procesal penal, de modo de permitir que las escuelas se vayan adaptando al sistema en forma gradual, según criterios a definir.
Interesante visión de estos expertos. La letra de la ley bien puede perderse por no pensar en los efectos prácticos que esta nueva institucionalidad pueda tener en escuelas y sostenedores sin capacidades ni recursos para afrontar cambios fuertes, como los propuestos en esta normativa.
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