Aunque hasta ahora no ha sido publicada la ley correspondiente, ya se sabe que se aprobó hace un par de semanas el Proyecto de Ley en referencia, que crea la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, un paso fundamental para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
Es además un buen complemento de los cambios introducidos al Estatuto Docente y los incentivos para estudiar pedagogía, impulsados por este Gobierno.
Es importante señalar que esta ley modifica sustancialmente la arquitectura del aparato estatal en la esfera de la educación escolar, precisando y redefiniendo las funciones, responsabilidades y atribuciones del Estado en esta materia.
Así, el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad de la educación consolida un nuevo modelo del gobierno superior escolar, compuesto por cinco órganos independientes, cuyas funciones eran antes asumidas por el Ministerio de Educación de una manera difusa, a saber: Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación, Servicio Nacional de Educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación.
El Ministerio de Educación se encargará de elaborar el marco curricular, los planes y programas de estudios para la educación preescolar y escolar, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Además, deberá definir los estándares de calidad, los planes de evaluación, dirigir el sistema de financiamiento de la educación subvencionada, entre otros.
El Servicio Nacional de Educación creará las condiciones que permitan brindar apoyo técnico pedagógico a los sostenedores y será el ejecutor inmediato de las políticas, planes y programas del ministerio.
La Agencia de Calidad tiene como función principal evaluar el cumplimiento de los estándares de aprendizaje, clasificar a los establecimientos según su desempeño e informar los resultados.
Y la Superintendencia de Educación deberá fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y de los estándares de calidad, así como de la rendición de cuentas del uso de los recursos otorgados por el Estado, pudiendo dictaminar el cierre de establecimientos que no cumplan con los estándares mínimos.
Esta reorganización de las funciones del Estado avanza a una nueva institucionalidad que, apropiadamente instalada, permitiría redefinir responsabilidades y orientar al sistema de un modo más efectivo hacia la búsqueda de calidad, a través de entregarles más autonomía a los establecimientos educativos, pero al mismo tiempo fijando exigencias y definiendo una red de apoyo. Por ello, la tarea ahora es asegurar una adecuada implementación, evitando, desde luego, la duplicación de funciones y resguardando una buena coordinación entre los distintos órganos, así como definiendo exigencias razonables y entregando asesoramiento efectivo.
Fuente: Sylvia Eyzaguirre, Blog de La Segunda
